Fuente: Juan Pablo Palacios – Diario Digital El Pulso

Por primera vez en la Cuarta Sala de la Corte Suprema se abrió la discusión de fondo respecto de si los tribunales tienen o no competencia para revisar las calificaciones de servicios mínimos de la Dirección del Trabajo (DT).

En el marco de un fallo sobre un recurso de queja presentado por CAR. S.A., filial de Ripley, la sala laboral rechazó la reclamación y por fundamentos de forma mantuvo la incompetencia judicial decretada tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago como por el tribunal de primera instancia. Sin embargo, al momento de entrar a debatir lo estructural de la controversia sólo los ministros Hugo Dolmestch y Ricardo Blanco estuvieron por revertir la incompetencia.

En el voto de minoría de la sentencia, los dos magistrados apoyaron actuar de oficio en el caso y anular lo resuelto en las instancias previas, declarando que el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago es competente para conocer de la reclamación en contra de la resolución de la Dirección del Trabajo que se pronunció sobre la calificación de servicios mínimos y equipo de emergencia. Para validar su argumento invocaron los artículos 360, 420 letra b) y 504 del Código Laboral. El resto de los magistrados que integran la sala: Gloria Chevesich, Andrea Muñoz y Carlos Cerda, no apoyaron esa medida, manteniendo la incompetencia judicial.

A juicio del profesor de derecho laboral de la U. de Chile y ex director jurídico de la DT, Luis Lizama, “este es un fallo demoledor, desde el punto de vista de quienes han sostenido que el juez laboral podría conocer de una reclamación de lo resuelto por la Dirección del Trabajo, por razones de forma y de fondo no es posible hacerlo”.

Desde otra línea argumentativa, Lizama explica que “el fallo podría haber dicho que los cinco jueces creen que la queja no es la vía para recurrir, pero de oficio los cinco están de acuerdo en que es competente el juez del trabajo para resolver el tema. Lamentablemente eso no ocurrió, sólo dos estuvieron por la competencia”.

El jurista añade que tras el reciente pronunciamiento del máximo tribunal, la única vía para solucionar el debate de la incompetencia es el impulso de una reforma legal. Esto porque a su juicio “la discusión igual queda abierta, en la medida en que hay dos jueces que dicen que en todo caso esto podría dar lugar a un reclamo judicial”.

Por su parte, Juan Vergara, asesor sindical, recuerda que el caso de la filial de Ripley es similar a la línea procesal del reclamo de la Sociedad de Instrucción Primaría (SIP), donde si se declaró la competencia judicial. “La Suprema ya antes rechazó un recurso de queja por las mismas razones que en el caso de CAR. En ese caso tampoco quiso anular de oficio, con ello parecía ratificar competencia de los tribunales, pero ahora desiste declararla, pese a que se abrió una discusión y dos ministros se manifestaron expresamente por anular de oficio para ratificar la competencia de los tribunales”.

Respecto de si el reciente dictamen sería o no un precedente, Vergara dice que aún no es claro. “Lo que no se sabe es si los otros tres ministros no quisieron meterse en el fondo o no están de acuerdo con la competencia de los tribunales laborales. Lo sí es cierto que pudiendo meterse en la discusión, no lo hicieron”, señala.

Hasta antes del fallo de la Suprema por CAR, la mayoría de los pronunciamientos de la justicia apuntaban a la incompetencia de los tribunales en materia de servicios mínimos. La excepciones son los casos del SIP y de Farmacias Ahumada. En el primero la Suprema por argumentos de forma, sin querer tocar el fondo como si se deslizó en el caso de la filial de Ripley, rechazó una queja de la DT y ratificó la competencia judicial que había decretado la Corte de Apelaciones. La causa de la entidad ligada a la familia Matte regresó al tribunal de primera instancia, que hace unas semanas respaldó la calificación del fiscalizador laboral. En paralelo hay dos juicios (Banco de Chile y Sindicato de Banco Ripley) que están en el Tribunal Constitucional (TC).

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